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Auditores expõem o fracasso das Parcerias Público-Privadas na União Européia

PPPs sofrem deficiências generalizadas e têm benefícios limitados, segundo auditores

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Publicado em 20 de março de 2018 às 21:00 Compartilhar:

Segundo nota divulgada pela Eurodad, os auditores avaliaram 12 Parcerias Público-Privadas (PPPs) co-financiadas pela União Europeia (UE) na França, Grécia, Irlanda e Espanha, nos setores de transporte rodoviário e das tecnologias da informação e da comunicação, com um custo total de 9600 milhões de euros e uma contribuição da UE de 2200 milhões de euros. O objetivo desta auditoria foi o de avaliar: “se os projetos auditados foram treinados para explorar os benefícios esperados das PPPs, se eles foram baseados em análises sólidas e abordagens apropriadas e se a estrutura institucional e legal dentro dos Estados membros era adequado para o sucesso da implementação das PPP”.

O Tribunal de Contas Europeu também divulgou hoje, 20 de março, um “Comunicado de Imprensa” sobre o que os auditores afirmaram: as PPPs sofrem de deficiências generalizados e benefícios limitados.

Confira na íntegra  a notícia em espanhol:

El Tribunal de Cuentas Europeo pone freno a las Asociaciones Público-Privadas (APP), señalando que estas “no siempre fueron efectivamente gestionadas y que no proporcionaron adecuada relación calidad-precio.”
El informe, titulado “Asociaciones Público-Privadas en la Unión Europea: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados,” examina proyectos de APP en varios países de la Unión Europea. Las APP auditadas supusieron 1500 millones de euros de gasto ineficiente e ineficaz.

El informe recomienda que “la Comisión Europea y los Estados miembros deberían evitar promover un uso más intensivo y generalizado de las APP hasta que se aborden los problemas detectados (…) en particular, basar la selección de la opción de las APP en análisis comparativos sólidos sobre la mejor opción de contratación”.

Maria Jose Romero, Responsable de Políticas y Cabildeo en la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad) dijo: “Recibimos con satisfacción este informe. Los fracasos de las APP han sido claros durante muchos años, sin embargo, gobiernos e instituciones como la Unión Europea y el Banco Mundial han continuado promoviéndolas.

“Cuando miramos a la evidencia acumulada, las APP son con frecuencia la manera más costosa de financiar un proyecto y son notoriamente opacas. Por ejemplo, las reglas de contabilidad que rodean a estos proyectos permiten que se registren fuera del presupuesto público, lo que hace que la deuda que generan y el colapso repentino de grandes proyectos provoque una gran conmoción en el presupuesto público”.

Más de 150 organizaciones de todo el mundo firmaron un Manifiesto de campaña en octubre de 2017, en el que exigen al Banco Mundial y organizaciones similares frenar la promoción de las APP. Estas organizaciones identifican los mismos problemas que el Tribunal de Cuentas señala en su informe – entre ellos, ejemplos de escasa optimización de recursos y protección del interés público, y falta de transparencia.

María José Romero dijo: “Hemos visto numerosos escándalos en toda Europa asociados con proyectos APP, los que han provocado un perjuicio importante al sector público. Aún peor, hemos visto que lo mismo sucede en algunos de los países más pobres del mundo donde gobiernos han sido asesorados para llevar adelante proyectos riesgosos y costosos, y han pagado por ello un alto precio”.

Xavier Sol, Director de Counter Balance, agregó: “Este es un informe crítico que sirve como llamado a la realidad: es necesario un enfoque más cauteloso hacia las APP, dado que éstas no son la panacea. El informe plantea dudas sobre el interés ciego en las APP promovido por la Comisión Europea y su brazo financiero, el Banco Europeo de Inversiones – que ha apoyado varios de los proyectos problemáticos auditados por el Tribunal. Esto debería ser una lección aprendida para el futuro presupuesto de la Unión Europea para el período posterior a 2020: los fondos públicos deberían destinarse a proyectos sostenibles con valor agregado concreto para los ciudadanos Europeos y los territorios, en lugar de subsidiar las ganancias de los promotores privados”.

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