Mientras en Colombia el Congreso de la República debate si se implementa o no el fracking en el país, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vienen recomendando a varios de sus estados miembro replantear el uso de esta técnica de fracturación hidráulica.
Renato Zerbini hace parte de los 18 expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU que adelantó un informe, a través del cual le solicitó al gobierno de Argentina reconsiderar la utilización de esa práctica de extracción de hidrocarburos no convencionales a gran escala en la región de Vaca Muerta, en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
El investigador brasileño afirmó que la advertencia fue hecha con base en varios informes científicos y otros adelantados por la sociedad civil, que dan cuenta que el fracking contribuye al calentamiento global, debido a la contaminación que genera al medio ambiente.
“Esta técnica aporta al calentamiento global porque ataca los ecosistemas de vegetación, los nacimientos de agua y las áreas protegidas naturalmente. Ayuda, sin duda, al cambio climático en general”, apuntó Zerbini, quien expresó que al DESC le importa, ante todo, el legado generacional.
El experto aseveró que la explotación total de todas las reservas de gas de esquisto de Vaca Muerta consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de llegar a un calentamiento de 1,5 grados Celsius en 2020, estipulado en el Acuerdo de París.
“El Comité está preocupado porque este proyecto contradice los compromisos del Estado argentino con el Acuerdo de París, ya que genera un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos económicos y sociales del mundo”, dijo.
Esta es la primera vez que la ONU da a conocer su preocupación ante la implementación de esta técnica.
Por otro lado, Zerbini le recomendó al gobierno colombiano adoptar un marco regulatorio a la luz de los compromisos internacionales firmados que no vulneren el derecho a un medio ambiente sano. La idea es que en la norma esté claro y quede establecido los efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, las amenazas a la agricultura y a la calidad del suelo, entre otros impactos, que esta actividad sísmica pueda desencadenar.
“Colombia hace parte del pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y podría mirar las recomendaciones que se les han hecho a otros estados que también son parte”, mencionó el experto para quien es fundamental que los países fomenten el uso energías alternativas y renovables que reduzcan las emisiones de gas carbónico a la atmósfera.
Sin embargo, Zerbini afirmó que esta práctica debería ser evitada, al considerar que es contradictoria, pues mientras una gran parte de los países del mundo la está prohibiendo, otros la quieren implementar.
Frente al aval jurídico que están encontrando las compañías petroleras para volver a extraer en sitos donde las comunidades habían prohibido la exploración y extracción por medio de consultas populares u otros mecanismos, el investigador expresó que no era extraño, ya que así funcionaban las democracias.
“Todo el aparato normativo de los estados bajo democracia están hechos de las demandas de los distintos grupos sociales, pero hay que darle cabida a los grupos que están sensibles a los efectos que el fracking puede ocasionar en sus territorios”, expresó.
El integrante del Comité DESC cree que las democracias son más sanas y fuertes cuando están más cerca de la gente y de sus pueblos.
“En ese sentido creemos que las consultas populares pueden contribuir a esa legitimidad política de los estados”, recalcó.
Estas y otras observaciones serían expuestas este martes ante la comisión quinta del Senado de República por parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, en el marco el primer debate a los dos proyectos de ley que buscan prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en Colombia. No obstante, la discusión fue aplazada para marzo de 2019.
“Para nosotros es muy importante, porque si bien el informe no se refiere exactamente al caso de Colombia, sí es el primer pronunciamiento oficial que entrega Naciones Unidas sobre el fracking, por eso queremos que estas advertencias sean consideradas por el Congreso”, explicó Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, promotora de uno de los proyectos de ley que cursa en el Congreso.
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