Organizaciones se unen en un llamamiento global para garantizar el papel de las comunidades locales en los proyectos financiados por los bancos
(Washington) – Los bancos de desarrollo deberían respetar los derechos humanos en sus inversiones en todo el mundo y garantizar que sus actividades no pongan en riesgo a los defensores de derechos humanos, señaló hoy la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en una petición colectiva firmada por más de 150 organizaciones de derechos humanos, desarrollo y medio ambiente.
Los principales bancos de desarrollo han subrayado desde hace tiempo la importancia de la participación del público para lograr un desarrollo efectivo, aseguraron las organizaciones. Sin embargo, cada vez más gobiernos han ido reduciendo el espacio para la participación segura y eficaz en los procesos de desarrollo mediante la criminalización de los activistas de derechos humanos, la tierra y el medio ambiente, y la adopción de restricciones contra los grupos no gubernamentales.
“Espero que la sociedad civil tenga la oportunidad de contribuir al desarrollo sostenible”, dijo Abhijeet, un miembro de una comunidad indígena de Nepal que prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad. “Desafortunadamente, los derechos humanos fundamentales de muchos pueblos están siendo violados de manera sistemática como consecuencia de proyectos de desarrollo. Y cuando ayudamos a las comunidades a defender sus derechos, nos enfrentamos a amenazas y ataques violentos”, añadió.
La petición va dirigida a instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial, los bancos de desarrollo africano, asiático, europeo e interamericano, así como a las instituciones más recientes, entre ellas el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.
En marzo de 2016, Berta Cáceres, una reconocida defensora de los derechos medioambientales y los derechos a la tierra de los indígenas en Honduras, fue asesinada en mitad de la noche mientras dormía. Dos de las personas acusadas de la muerte de Cáceres eran trabajadores de una compañía involucrada en la construcción de la represa de Agua Zarca, un proyecto contra el que Cáceres y suorganización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se habían opuesto desde hacía tiempo y contra el que habían hecho campaña. El asesinato desató un movimiento de alto perfil para exigir la rendición de cuentas de los bancos de Holanda, Finlandia y América Latina que financiaban el proyecto de Agua Zarca por no haber tomado medidas suficientes para garantizar que sus inversiones no provocasen abusos de derechos humanos.
Pero tal y como han documentado recientes informes, el caso de Cáceres no es único.
“En Uzbekistán, el Banco Mundial está vertiendo dinero en proyectos que benefician al abusivo sector del algodón del gobierno, principalmente manchado por un trabajo forzoso sistémico”, dijo Dmitry Tikhonov, un defensor de derechos humanos uzbeko que se encuentra exiliado debido a las represalias del gobierno. “El Banco Mundial no ha tomado ningún tipo de medidas significativas para asegurar que defensores de derechos humanos independientes como yo podamos monitorear los abusos ligados a los proyectos que financian. El personal del Banco tampoco se ha pronunciado en contra de los ataques del gobierno que hemos sufrido mis colegas y yo”.
Human Rights Watch documentó hace poco numerosos abusos contra personas y comunidades impactadas por proyectos financiados por el Banco Mundial y su brazo de préstamos para empresas, la Corporación Financiera Internacional.
“Aquellos que tratan de participar en procesos de desarrollo han sufrido amenazas, acoso, agresiones físicas y situaciones peores”, señaló Jessica Evans, investigadora sénior sobre instituciones financieras internacionales de Human Rights Watch. “Los bancos de desarrollo tienen la responsabilidad de garantizar que sus inversiones no interfieran en los derechos humanos, y que las personas puedan participar y expresar sus opiniones sobre los proyectos de desarrollo sin temer por su seguridad”.
La petición conjunta – Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de asegurar una participación genuina y efectiva en sus inversiones – detalla maneras en que las instituciones deberían “garantizar que las actividades que financian respeten los derechos humanos y que haya espacios a través de los cuales las personas puedan participar en el desarrollo de los proyectos de las IFI y exigir que estas rindan cuentas, sin poner en riesgo su seguridad”. Las organizaciones instan a las instituciones financieras a “contribuir activamente al cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como otros derechos humanos relacionados, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en todas sus actividades”.
“Los bancos de desarrollo y sus países miembros no pueden aspirar a lograr un desarrollo sostenible o eliminar la pobreza si sus inversiones están contribuyendo a violaciones de derechos humanos o si aquellos que se supone deben beneficiarse del desarrollo se encuentran siendo víctimas de abuso”, dijo Adam Shapiro, director de comunicación y visibilidad de Front Line Defenders. “Los bancos deberían asumir la responsabilidad de los resultados de sus inversiones y tomar medidas significativas para proteger a los defensores de los derechos humanos que trabajan sobre el terreno”.
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En Washington DC, para Human Rights Watch, Jessica Evans (inglés): +1 917-930-7763 (móvil); o evansj@hrw.org. Twitter:@evans_jessica
En Detroit, para Frontline Defenders, Adam Shapiro (inglés): +1-202-294-8813; o adam@frontlinedefenders.org. Twitter:@FrontLineHRD
En Praga, para CEE Bankwatch Network, Mark Fodor (inglés y francés): +36 70-310-2705; o mark.fodor@bankwatch.org. Twitter:@markfodor_bwn
En Washington DC, para la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, Gretchen Gordon (inglés, español y portugués): +1 202-330-3305; o ggordon@rightsindevelopment.org. Twitter@RightsinDevt
La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios que trabaja para asegurar que todas las instituciones que financian el desarrollo respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos.
