Banco Mundial
– DAR estuvo presente en las Reuniones Anuales del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) como panelista invitado para comentar acerca de los efectos que han tenido los préstamos del Banco Mundial en la gestión de los recursos naturales en el Perú.
– El evento “Development Policy Financing: Opportunities for Low-Carbon, Pro-Poor Outcomes” contó con la participación de Korinna Horta de la ONG Urgewald, Heike Mainhardt del Bank Information Center (BIC) y de Hassan Zaman del Operations Policy and Country Services del Banco Mundial.
-En el panel se presentó el estudio World Bank Development Policy Finance and Climate Change: Is the Bank providing the Right Incentives for Low-Carbon Development in Peru? Realizado por el BIC, próximo a publicarse.
Los DPL[1] son instrumentos crediticios usados por el BM que se entregan en el marco de su Estrategia de Ayuda a Países (CAS[2]) siempre y cuando el país en cuestión cumpla con a) mantener un marco macroeconómico adecuado a las recomendaciones del BM y el Fondo Monetario Internacional, b) implementar la totalidad de las reformas sugeridas y c) cumplir con acciones preparatorias estipuladas por el Banco[3].
Harlem Mariño, especialista de DAR, puso a discusión dos de estos DPL y sus efectos sobre la normativa socioambiental peruana. El primero de ellos, destinado a potenciar el capital humano y la productividad exigía, como condición previa, la eliminación de “normativas, procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos públicos en cualquier nivel de gobierno”[4], tuvo como consecuencia directa el debilitamiento de la capacidad operativa de la recientemente creada OEFA[5] para prevenir y sancionar infracciones ambientales al promover la aprobación de la Ley N°30230[6].
Con respecto a este caso, señaló que el problema central radica en la poca voluntad que ha mostrado el BM para desarrollar un sistema de monitoreo de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos que se produjeron producto de sus DPL. Esto se pone en evidencia luego de evaluar la poca capacidad del Estado Peruano para reaccionar adecuadamente frente a los derrames ocurridos a todo lo largo del Oleoducto Norperuano.
La respuesta de los representantes del BM fue pobre. No consideró la existencia de una conexión entre los incentivos directos e indirectos que ha generado respecto a estos temas señalando que sus DPL apoyan políticas generales y no proyectos específicos. Sin embargo, ocurre una situación similar con el segundo DPL analizado[7]. Este instrumento financiero tuvo como objetivo promover la mejora del marco legal que regula las Asociaciones Público-Privadas (APP), con la intención de agilizar la puesta en marcha de proyectos necesarios para el desarrollo del país. El incentivo económico tuvo resultados cuantitativos: Del 2011 al 2014 se prestaron 15 mil millones de USD para financiar APP en el Perú. El 45% de este total fue para proyectos energéticos. En este caso, un sistema de evaluación de riesgos de parte del BM hubiera permitido advertir que el Perú no cuenta con un marco regulatorio adecuado para las energías renovables. En efecto, los proyectos financiados fueron hidroeléctricas e hidrocarburos, promoviendo actividades que van en la línea contraria a la de sus objetivos. Recordemos que el Banco se ha comprometido con la lucha contra el cambio climático, en la que invierte gran cantidad de recursos[8].
Un caso emblemático es la APP que dio origen al Gasoducto Sur Peruano. En este caso se definió que sean los consumidores los que asuman el riesgo en caso de que la empresa no alcance los márgenes de ganancia comprometidos. Esto finalmente ocurrió y los cálculos del BIC indican que entre el 2002 y el 2008 los usuarios un subsidio equivalente a 430 millones USD.
El año pasado las Reuniones Anuales del BM y el FMI se realizaron en Lima, que paralelamente provocó una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. La marcha “Desmintiendo el Milagro Peruano” convocó a sindicatos, organizaciones indígenas, sociedad civil nacional e internacional y movimientos juveniles, culminó con la entrega de un pronunciamiento a la alta dirigencia de ambas instituciones financieras que enfatizaba, entre otras cosas, la responsabilidad del BM en el proceso de debilitamiento de estándares socioambientales.
DAR junto a otras organizaciones de la sociedad civil considera que si los DPL han de cumplir con sus objetivos, y no tener impactos indeseados, deben contar con instrumentos de medición de riesgo socioambiental; sin ellos, el objetivo del Banco de acercar al Perú al club de los países que han encontrado un equilibrio entre la promoción de las inversiones y la sostenibilidad ambiental se aleja.
