Organizaciones ambientalistas de todo el país manifestaron su temor de que el dilatado proyecto de ley de humedales —que está aprobado por el Senado nacional y que a fin de año, de no sancionarse, perderá estado parlamentario— sea modificado y desvirtuado, tal como consideran que sucederá en caso de que prosperen las modificaciones introducidas por la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Un total de 130 organizaciones ambientalistas de Argentina y del exterior presentaron un petitorio en la Cámara baja para que se mantenga el texto original, autoría de la senadora entrerriana Elsa Ruiz Díaz, del Frente para la Victoria.
La iniciativa, que establece presupuestos mínimos para la conservación, gestión y uso sustentable y racional de los humedales, fue aprobada por unmidad de la Cámara alta de la Nación en 2013 y en 2014 obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que preside Julio Rodolfo Solanas. Posteriormente fue girado a la Comisión de Recursos Naturales, encabezada por Griselda Herrera, donde se encuentra en tratamiento y se han presentado modificaciones que, a entender de las ONGs, “desnaturalizan por completo el objeto de la ley”, dado que “contemplan un conjunto de alteraciones estructurales al proyecto original” y llevan a “perder su condición de presupuesto mínimo de protección ambiental”.
En ese sentido, los defensores de los humedales comparan que mientras el objetivo de la norma primigenia abarca la “conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación”, el texto modificado establece que la regulación alcanzará a “aquellos humedales que cada jurisdicción integre al inventario creado por la presente. Dicha incorporación responderá al valor estratégico que le asigne cada autoridad competente en virtud de su realidad hídrico-ambiental”.
El tema es especialmente sensible para la región, por cuando el Delta del Paraná, entre Diamante y el estuario del Río de la Plata constituye, con sus 14 mil kilómetros cuadrados y 320 kilómetros de longitud, uno de los grandes humedales de la Argentina, jaqueado además por la ganadería intensiva, la quema intencional de pastizales y hasta proyectos agrícolas que modifican su geografía.
Contra la delegación. En las notas enviadas a la Cámara baja nacional, los ambientalistas advierten que “el proyecto modificado acota burdamente su alcance” y “no sólo desnaturaliza por completo la función de un inventario, sino que deja en mano de cada jurisdicción la decisión de cuáles serán los humedales que podrán ser observados, investigados, protegidos y ordenados; y cuáles quedarán fuera de toda consideración (y por lo tanto, pasibles de desaparición o transformación irreversible)”, rezan las organizaciones en las objeciones planteadas a la propia legisladora Herrera.
El hecho de dejar librado a cada jurisdicción el criterio, decisión política o “valor estratégico” de la zona a proteger es precisamente lo que para los defensores ambientalistas echa por tierra la condición de presupuesto mínimo, que según lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, es “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental”. Tal “incongruencia”, aseguraría “que los humedales sigan desapareciendo”, vaticinan.
“Lamentamos que la Comisión de Recursos Naturales pierda la oportunidad de avanzar en una materia fundamental para los intereses integrales de nuestro país, tanto en lo que hace a la protección de estos ecosistemas fundamentales, como en su ordenamiento para un mejor aprovechamiento de sus bienes y servicios, desconociendo la importancia de este proyecto, los consensos previamente alcanzados (por diversas instituciones públicas y privadas) y el apoyo social obtenido en reclamo de una mayor protección para nuestros humedales”, rematan las organizaciones peticionantes, solicitando a Herrera que se sostenga la sanción del proyecto original, “sin modificaciones que alteren su naturaleza jurídica y objeto legislativo”.
El pedido lleva la firma de Natalia Machain, de Fundación Humedales; Franco Segesso, por Greenpeace Argentina y Diego Moreno (FVSA), y el apoyo de 130 entidades ambientalistas, educativas, religiosas, artísticas, profesionales, científicas, civiles y políticas no sólo de Argentina sino de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile.
Fonte: Lizi Domínguez / La Capital
