El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituye la principal fuente de financiamiento de América Latina y el Caribe y, como tal, tiene una responsabilidad clave en el desarrollo de la región.
A su vez, constituye un actor relevante que participa en la formulación e implementación de reformas estructurales en los Estados de la región, con la promesa de promover el desarrollo y reducir la pobreza de nuestros países.
Sin embargo, como Organizaciones de la Sociedad Civil, Comunidades campesinas, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y personas con discapacidad, en reiteradas oportunidades hemos cuestionado el modelo de desarrollo planteado por el Banco, resaltando que su accionar ha generado graves impactos adversos en materia ambiental y social.
Además, ha afectado a diferentes comunidades y poblaciones locales a partir del desarrollo de políticas y proyectos extractivos, de infraestructura, energía, agroindustria, transporte, entre otros; gran parte de los cuales son llevados adelante a pesar de la existencia de importantes falencias y errores en su diseño e implementación.
Adicionalmente, hemos resaltado en diversas ocasiones las debilidades existentes en cuanto al acceso a la información sobre los proyectos y los procesos de consulta pública, participación y rendición de cuentas planteados desde la Institución.
Este panorama se suma a la crisis del multilateralismo que atraviesa el mundo en la actualidad; la crisis socio ecológica y climática que tiene un impacto particularmente grave en Latinoamérica; los históricos problemas de inequidad, desigualdad y pobreza de la región; y el contexto actual signado por la pandemia del Covid-19 y sus consecuentes repercusiones
económicas, sociales y en materia de salud, habiéndose convertido la región en el nuevo epicentro de la pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
En este contexto, la transición en la presidencia del BID resulta clave para el futuro de la región. Frente a ello, planteamos nuestra preocupación tanto en relación a las características y condiciones del proceso de selección de la nueva presidencia como, en particular, en relación a la decisión del gobierno de Estados Unidos de nominar a un candidato estadounidense para dirigir la Institución.
En primer lugar, manifestamos nuestro desacuerdo con el proceso de elección del nuevo presidente del BID, ya que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades. Históricamente hemos sido parte excluida de este y otros procesos del Banco, a pesar de ser los principales beneficiarios, y en muchos casos, también los principales
perjudicados por el accionar del BID.
La elección debe ir más allá de la votación y abrir espacios de diálogo de los candidatos y candidatas con la sociedad civil y las comunidades.
Tras 15 años ininterrumpidos bajo el liderazgo de una presidencia que le impregnó características particulares, y en muchos casos cuestionables, a la gestión y accionar del Banco, se presenta una oportunidad única para conocer más a fondo las posiciones y propuestas de los diferentes candidatos y candidatas frente a las preocupaciones y demandas de las comunidades y la sociedad civil y en relación al contexto imperante en la región.
En segundo lugar, consideramos que, hoy más que nunca, el BID requiere de un líder calificado que sea capaz de posicionarse críticamente respecto al rol que le toca jugar a la Institución frente al complejo panorama que vivencia la región, y que esté predispuesto y sea capaz de promover un modelo diferente de desarrollo con el objetivo de “alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima”.
En ese sentido, creemos que resulta crucial que la persona designada para la presidencia del BID cumpla necesariamente una serie de requisitos que incluyen, entre otros, los siguientes: 1) un claro y expreso compromiso por el multilateralismo, en un momento en donde la legitimidad de las instituciones internacionales está siendo cuestionada y atacada; 2) una amplia experiencia y conocimiento de la realidad de los países de la región y los retos a los que se enfrentan en el contexto actual; 3) un claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil en el accionar de la Institución; 4) conocimiento y experiencia en agendas de desarrollo que reflejen un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente de manera inmediata a los efectos del cambio climático y de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible y centrado en
las comunidades y los pueblos indígenas.
En tercer lugar, manifestamos nuestra preocupación y rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para presidir el Banco.
Esto, no solo va en contra de la regla no escrita del BID de que la Institución debe ser dirigida por un representante latinoamericano, sino que también amenaza la capacidad de toma de decisiones de los países prestatarios del Banco, habida cuenta de que Estados Unidos posee el mayor porcentaje de capital y votos dentro de la Institución. Adicionalmente, teniendo
presentes las características y el accionar en materia multilateral de la actual administración de los Estados Unidos, no se cumpliría con gran parte de los requisitos que consideramos esenciales para la futura presidencia del BID.
En cuarto lugar, solicitamos a la futura presidencia del BID que trabaje para que la institución tenga un mayor compromiso por generar normas, políticas y acciones que estén alineadas con los acuerdos internacionales de derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, el cambio climático y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y el ambiente. Así como de tratados particularmente relevantes para la región que buscan la protección del ambiente y la democracia ambiental, como el Acuerdo de Escazú.
En quinto lugar, solicitamos que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas del Banco y que haya un compromiso real de la entidad en atender, reparar y garantizar que no vuelvan a repetirse los impactos negativos generados por los proyectos financiados por la
Institución.
Finalmente, insistimos en la necesidad de que las instituciones financieras como el BID transformen sus valoraciones sobre lo que es el desarrollo y las vías para lograrlo. Hay alternativas a los modelos históricamente implementados y que no han generado el bienestar prometido; y para avanzar sobre ellas y sus resultados es necesario saber escuchar y hacer
partícipes de la toma de decisiones a las comunidades de la región.
Esperamos que el BID esté a la altura de las circunstancias actuales y aproveche esta oportunidad para asegurar que quien acceda a la presidencia del Banco, sea realmente la persona más calificada y adecuada para dirigirlo ante el complejo momento que atraviesa la región.
Adhesiones:
- Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) – Argentina
- ADECOR – Guatemala
- Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) – Colombia
- Asociación Arariwa – Perú
- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Regional
- Asociación Manuelita y Analy (Maw Lsp) – Perú
- Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual – Perú
- Asociación Psico Inclusiva Kipu Llaxta – Perú
- Associação de Favelas de São José dos Campos sp – Brasil
- Autismo Perú – Perú
- Cáritas – Brasil
- Center for International Environmental Law (CIEL) – Estados Unidos
- Centro de Desarrollo Humano (CDH) – Honduras
- Centro Mocovi Ialek Lav’a – Argentina
- Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico (CEDIA) – Perú
- CGTP – Perú
- Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA-Jalisco) – México
- Comunidades Unidas – Colombia
- CooperAcción – Perú
- Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) – Guatemala
- Cultura Ecológica – México
- Daniel Barragán (Adhesión Personal) – Ecuador
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales – Perú
- Ecoa – Ecologia e Ação – Brasil
- Enlaces por la Sustentabilidad – El Salvador
- Estudios combativos – México
- Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) Honduras
- Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS) – Brasil
- Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad –Perú
- Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista – Argentina
- Fundación Construir – Bolivia
- Fundación Economía para el Desarrollo – Guatemala
- Fundación Futuro Latinoamericano – Ecuador
- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) Argentina
- Greenway World Solutions – Ecuador
- Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL) – Ecuador
- Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) – Brasil
- Instituto Equit – Brasil
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
- International Accountability Project (IAP) – Internacional
- International Rivers – Brasil
- Jasy Renyhê – Bolivia
- LATINDADD – Perú
- Mesa de Discapacidad y Derechos – Perú
- Movimento Católico Global pelo Clima (GCCM) – Brasil
- Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) – Brasil
- Mov. Nacional Fé e Política – Brasil
- Oxfam
- Paz y Esperanza – Perú
- Plataforma Internacional contra la Impunidad – Guatemala
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) – México/América Latina
- RedGE – Perú
- Sociedad Peruana de Ingeniería Geográfica, Ecológica y Ambiental – Perú
- Sociedad y Discapacidad (SODIS) – Perú
- Sustentarse – Chile
Foto de Capa: via Revista Summa.
