A Ecoa acompanha instituições que financiam o desenvolvimento por entender que seus investimentos devem seguir parâmetros de proteção ambientais e sociais rígidos. Não devem financiar obras que degradam o ambiente e tragam problemas sociais como o deslocamento de populações, situações de ocorrência comum. As prioridades de monitoramento são o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A Ecoa faz parte do IDB Working Group, que é um grupo internacional de organizações da sociedade civil que monitora as ações do BID. Nos últimos anos esse grupo tem firmado e enviado várias Cartas e posicionamentos à diretoria do Banco pedindo por mais transparência nas ações e maior interlocucção com a sociedade civil.
PRONUNCIAMIENTO POR UN PACTO DE LETICIA CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS, AFRODESCENDIENTES, QUILOMBOLAS Y ANDINOS
En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica.
Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.
Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales.
De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos.
Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.
A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.
En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65.
Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente subregistros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.
A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.
Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.
En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.
En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:
A. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
B. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
C. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
D. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
E. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
F. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.
En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:
1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto
3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.
Firman:
1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
2. ANECAP – Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales del Perú.
3. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
4. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
5. Asociación Arariwa – Perú
6. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
7. AIDESEP – Asociación Interétnica de la Selva Peruana – Perú
8. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
9. Associação Indígena Pariri Munduruku – Brasil
10. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
11. Associação de Favelas SJCampos SP
12. Bank Information Center – US
13. Barranquilla+20 – Colombia
14. Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – Internacional
15. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
16. Centro de Formação do Negro e Negra da Transamazônica e Xingu – Brasil
17. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) – Ecuador
18. CEDLA – Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – Bolivia
19. CEDIA – Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – Perú
20. CIEL – Center for International Environmental Law – Estados Unidos
21. Coletivo de Mulheres do Xingu – Brasil
22. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
23. CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos – Brasil
24. Conectas Direitos Humanos – Brasil
25. CooperAcción – Perú
26. CIDOB – Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
27. CONFENIAE – Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
28. CGTP – Confederación General de Trabajadores del Perú
29. Coordenação de Direitos Humanos, Ações Afirmativas e Diversidades – Brasil
30. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
31. Due Process of Law Foundation – Regional
32. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
33. Elcena Jeffers Foundation
34. Florida International University – Estados Unidos
35. Foro Ecológico del Perú
36. Fundación CONSTRUIR de Bolivia
37. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
38. Instituto Aroeira Brava – Brasil
39. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
40. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
41. Instituto Federal do Ceará – Brasil
42. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
43. Instituto Madeira Vivo – Brasil
44. International Rivers – Brasil
45. Instituto Maíra – Brasil
46. IAP- International Accountability Project – Global
47. Más Integridad MX – México
48. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
49. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
50. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice
51. Movimento Xingu Vivo Para Sempre – Brasil
52. Mutirão pela Cidadania
53. OSLADE – Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador
54. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
55. OPIAC – Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – Colombia
56. ORAU – Organización Regional Aidesep Ucayali – Perú
57. ORPIO – Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – Perú
58. Oil Workers’ Rights Protection Organization Public Union – Azerbaijan
59. Paz y Esperanza – Perú
60. Plataforma CIPÓ – Brasil
61. PLADES – Programa Laboral de Desarrollo – Perú
62. Protection International – Colombia
63. Reacción Climática – Bolivia
64. Red Muqui – Perú
65. REPAM – Rede Eclesial Pan-amazônica – Brasil
66. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
67. Salvaginas Colectiva Ecofemista – Bolivia
68. Sustentarse – Chile
69. UFMT-Brasil
70. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
71. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena – Brasil
72. Universidade Federal do Tocantins – Brasil
73. Water Justice and Gender – Global.
