En los últimos 30 años las Asociaciones Público Privadas (APP) han cobrado un marcado protagonismo en el mundo como herramienta para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública. Las APP contemplan el involucramiento del sector privado en el diseño, construcción, mantenimiento, gestión y financiamiento de proyectos de distinta índole, con el objetivo de aprovechar, vía una adecuada distribución de riesgos entre el Estado y el privado, las mejores capacidades técnicas y de gestión de este último en la provisión de servicios. Un beneficio adicional que se les suele atribuir es que no necesariamente comprometen los recursos públicos en el corto plazo.
En el 2015, seis de los bancos multilaterales más importantes del mundo hicieron público un documento en el que intentaron establecer los criterios básicos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Agenda al 2063 de la Unión Africana . Entre las estrategias planteadas se contempla el mayor involucramiento del sector privado. Si bien reconocían que la mayor parte de la inversión para el desarrollo proviene de fuentes de financiamiento público, estimaban que es el sector privado el que ofrecería el mayor potencial de crecimiento. Mientras este marco conceptual consolidaba el uso de APP, Mckinsey estimaba que el 63% de la inversión en infraestructura al 2035 tendría lugar en países emergentes, y que existiría una brecha anual de inversión de US$5.5 trillones que necesita ser cubierta .
Sin embargo, la experiencia de implementación de APP provee de algunas lecciones importantes que podemos resumir en: (i) Requieren de las mismas condiciones de éxito que los proyectos realizados por obra pública (sólida institucionalidad, bajos niveles de corrupción y profesionales del sector público altamente capacitados); (ii) No han sido exitosas en los sectores salud, agua y servicios penitenciarios ; (iii) Son más costosas que la obra pública ; y (iv) Son poco transparentes .
En cuanto a la forma en que las APP viene siendo monitoreadas, en el último Infrascopio (2017), informe elaborado por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo – que evalúa el entorno de promoción de APP en Latinoamérica – si bien se incluye un componente de sostenibilidad, este se limita a identificar la inclusión de Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos y que las consultas públicas sean difundidas. No hace mención a la incorporación efectiva de los resultados de dichas consultas en el diseño de proyectos o a la aplicación de la Consulta Previa. Tampoco evalúa si existen canales a través de los cuales la sociedad civil tenga injerencia en el proceso de decisión de optar por un APP o la modalidad de la misma.
En este contexto, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, cuyos ejes de trabajo son la promoción de la transparencia, la participación ciudadana – a nivel de gobiernos locales y nacionales -, así como en los diversos procesos de integración regional y en organismos financieros multilaterales, en pro de la consolidación de un desarrollo sostenible y una gobernanza regional; viene generando propuestas para que el desarrollo de proyectos energéticos, de infraestructura y extractivos, incorporen criterios de sostenibilidad social y ambiental, así como los aportes provenientes de la poblaciones de las áreas de influencia de proyectos. En ese sentido, presenta este documento que continua el trabajo de monitoreo y análisis que viene realizando a la aplicación de APP en la región y plantea recomendaciones para que su uso esté en función a criterios de desarrollo sostenible y no limitado a sopesar costos económicos y financieros.
