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Posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial

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Foto: Power Clouds

Sr. José Rojas / Director Ejecutivo para México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, España y Venezuela

Sr. Antonio Silveira / Director Ejecutivo para Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Filipinas, Surinam, Haití y Trinidad y Tobago

Sr. Alex Foxley / Director Ejecutivo para Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay

Señores Directores Ejecutivos del Banco Mundial que representan a la región de América Latina y el Caribe,

Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe abajo firmantes, manifestamos nuestras preocupaciones respecto al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (comúnmente llamado Banco Mundial) ha propuesto. Esto, en el marco de la tercera fase de consultas y, en particular, con la consulta a realizarse en la Ciudad de México el martes 8 de diciembre de 2015.

1. Sobre los procesos de consulta y participación

Desde 2012 que comenzó el proceso de revisión y reforma de las Políticas Salvaguardas del Banco Mundial hemos solicitado que las consultas sean procesos efectivos de participación. Sin embargo, en esta tercera fase de consulta persisten los retos que hemos señalado desde un inicio:

Participación limitada

El Banco convoca a un número limitado de organizaciones y personas, que no representan a la sociedad civil latinoamericana, o del país, en su conjunto. Se evita difundir ampliamente el evento: es necesario enviar un correo al Banco para ser considerado, lo que excluye a personas, organizaciones y representantes de movimientos que pudieran estar interesados en participar.

Falta información

El Banco no envía con suficiente tiempo de anticipación la información que supuestamente está sometiendo a consulta y, en algunos casos, hace falta traducir la información a los idiomas locales.

Poca profundidad en el proceso

Los procesos de consulta han carecido de criterios que establezcan cómo los representantes del Banco responderán a las preocupaciones y propuestas que organizaciones de la sociedad civil han hecho. Al contrario, las consultas del Banco se han reducido meramente a reuniones informativas, con alcances cortos, sin responder a las preocupaciones, incorporar las propuestas o explicar las razones por las cuales no se reflejan en las nuevas versiones del documento las propuestas que le hemos entregado.

2. Sobre el segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social

A pesar de que hay cambios positivos en el MAS propuesto, éstos son superados por los retrocesos y debilidades que encontramos. A continuación lo que observamos de manera general.

Carece de un enfoque de derechos humanos

No hay un compromiso explícito por parte del Banco respecto a respetar los derechos humanos, el cual se refleje en sus políticas. El MAS propuesto, evita referencias a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esto es indispensable si se quiere lograr un desarrollo sustentable.

– El relator especial de las Naciones Unidas en pobreza extrema y derechos humanos declaró en su informe el 29 de septiembre que el “Banco Mundial actualmente es una zona libre de derechos humanos”.

– El mismo Director Ejecutivo para México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, España y Venezuela, José Alejandro Rojas, afirma en su posicionamiento público que se deben incorporar los derechos humanos en la visión y como una directriz general en el MAS que el Banco propone.

– En una carta filtrada de seis directores ejecutivos al Comité del Banco a cargo de aprobar el nuevo Marco Ambiental y Social, éstos afirman que los derechos humanos merecen un mayor énfasis en el nuevo MAS, en concordancia con la arquitectura institucional internacional de la que tanto el Banco Mundial, como los Estado miembros forman parte

Ausencia de lenguaje claro que establezca plazos y procedimientos

El nuevo MAS está permeado de un lenguaje ambiguo, como “de manera y margen de tiempo aceptables para el Banco”; “en forma aceptable para el Banco”; “cuando sea apropiado”. Es necesario contar con procedimientos definidos, plazos claros y criterios y requisitos obligatorios que permitan “evaluar y administrar riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos”, objetivos que el MAS establece.

– El MAS que el Banco propone transfiere la responsabilidad a los gobiernos prestatarios y abre la posibilidad de que se usen los sistemas de los países, sin aclarar por un lado, cómo el Banco determinará si los sistemas nacionales ofrecen una protección equivalente o mayor; y por otro lado, cómo garantizará la debida diligencia.

Transparencia y acceso a la información

El Banco no ha dicho cómo garantizará el acceso al a información a través de una Política de Acceso a la Información actualizada, de tal manera que publique de manera proactiva y rutinaria los nuevos documentos que se generarán a través del MAS. Por lo que, es crucial especificar qué información se publicará y los tiempos para esto, lo cual es indispensable para garantizar la participación y la consulta informadas de las distintas “partes interesadas”, que el Banco menciona.

Plan de implementación y presupuesto para el nuevo MAS

El Banco propone enfatizar la gestión del riesgo durante la ejecución del proyecto, en lugar de hacerlo durante la evaluación. Sin embargo, aún no ha fijado un presupuesto específico o un plan para realizarlo. Lo anterior es indispensable para la implementación del nuevo MAS.

En lo que refiere a temas específicos, tenemos diversas preocupaciones, entre las que están:

1. Política de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – NAS1

– Elimina los 120 días para comentarios públicos a la EIAS previo a la aprobación del proyecto por los Directores

– Establece que el prestatario evaluará, gestionará y monitoreará los riesgos ambientales y sociales a lo largo del ciclo del proyecto en “una manera y un plazo aceptables para el Banco”, sin especificar tiempos y criterios.

– Es indispensable que el nuevo MAS establezca plazos claros para la elaboración y la publicación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social, para garantizar la participación y la consulta informadas. Asimismo, el Banco debe explicitar cuál será el procedimiento en casos en que el estándar del prestatario sea más bajo que lo establecido por el MAS.

2. Pueblos indígenas – NAS7

– Establece el consentimiento, libre e informado (CPLI); sin embargo, lo anula al permitir la continuación de “aspectos del proyecto que no sean aquellos para los cuales no se puede afirmar el CPLI de los pueblos indígenas afectados” y que “el prestatario garantizará que no habrá impactos adversos sobre los pueblos indígenas durante la implementación del proyecto”.

– La norma debe hacer referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y exigir que el CPLI se obtenga, previo a proseguir con “aspectos” del proyecto.

3. Bosques – NAS6

– La definición de “hábitats críticos” excluye características fundamentales como las zonas tradicionalmente importantes para los pueblos indígenas, las comunidades locales y las áreas protegidas.

– Tiene referencias vagas sobre la compensación de la biodiversidad (offsets), lo que pone en riesgo los recursos naturales, tanto para las comunidades, como para los ecosistemas. No hay criterios específicos para las prácticas de manejo forestal sostenible.

– La norma debe aclarar y fortalecer estos puntos.

4. Cambio climático

– Se eliminó el umbral en la contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

– El MAS debe definir puntos de referencia explícitos que aseguren que las actividades financiadas por el Banco no usen y liberen materiales peligrosos para la salud humana y para el medioambiente.

5. Trabajo – NAS2

– Sólo garantiza los derechos de las y los trabajadoras/es a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, cuando estos derechos ya estén protegidos por la legislación nacional.

– Permite que los prestatarios opten por “los requisitos relevantes de la norma y cómo serán abordados en el proyecto”, es decir, deja abierta su ejecución.

– La norma debe tener como referencia los estándares laborales fundamentales de la OIT.

6. Inclusión

– El MAS debe tener una norma específica para garantizar la inclusión y evitar impactos negativos de su financiamiento a grupos por género, diversidad sexual, origen étnico, entre otros.

7. Reasentamiento involuntario – NAS5

– La norma no requiere que los prestatarios realicen un plan y presupuesto para el reasentamiento y que éste sea accesible para las personas y comunidades afectadas.

– Excluye el desplazamiento económico y el causado por la regulación del uso de la tierra y la gestión de recursos naturales.

– Debe de incorporarse lo anterior a la norma y se debe requerir un panel independiente de expertos para proyectos de alto riesgo que causen desplazamiento a gran escala.

En una región como América Latina, con altos índices de desigualdad, el borrador no incluye requisito alguno que permita asegurar que las comunidades pobres y grupos excluidos no sean afectados negativamente por impactos de proyectos del Banco.

El borrador propuesto no sólo va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida, sino que baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. Lo anterior es particularmente preocupante para nuestra región, pues existe una importante competencia para canalizar financiamiento por parte de otras instituciones.

En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad.

Por esto, demandamos al Banco y a ustedes, Directores Ejecutivos representantes de la región de América Latina y el Caribe, que tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil y se abstengan de adoptar un Marco Ambiental y Social que debilite los estándares existentes. Sólo así podremos hablar de un desarrollo sustentable para la región.

Firman:

Alianza Cívica – México
Alianza Mexicana contra el Fracking – México
Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero, A.C. (ALCOSTA) – México
Amigos del Río San Rodrigo, A.C. – México
Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C. (CECIG) – México
Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CeIBA AC) – México
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) – México
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS) – México
Colectivo por la Transparencia – México
Comunicación y Educación Ambiental SC – México
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias (COMCAUSA) – México
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) – México
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad – México
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina A.C. – México
Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca A.C. – México
Cultura Ecológica A. C. – México
DECA – Equipo Pueblo A. C. – México
Espacio Autónomo A.C. – México
Freshwater Action Network Mexico – México
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. (MEXFAM AC) – México
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. – México
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social A.C. – México
Iniciativa Sinaloa – México
Instituto de Políticas para el Transporte y del Desarrollo (ITDP) – México
Otros Mundos AC/Chiapas – México
Prodefensa del Nazas, A.C. – México
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) – México
Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) – México
Sonora Ciudadana – México
Tomala.mx – México
Universidad Autónoma de Yucatán – México
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Argentina
Ecologia e Ação (Ecoa) – Brasil
SustentaRSE – Chile
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) – Colombia
Centro para el Derecho Internacional Ambiental – EEUU
Centro de los Derechos del Campesino (CEDECAM) – Nicaragua
REDTRANS – Nicaragua
Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) – Paraguay
ONG TEDIC – Paraguay
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) – Perú
Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón Occaam – Perú
Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) – Regional
Igualdad y Justicia Socio-Ambiental (IJSA) – Regional
Red Jurídica Amazónica (RAMA) – Regional
Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) – Regional

Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA) Conformado por 129 redes y organizaciones de Estados Unidos, México y Centroamérica:

American Civil Liberties Union (ACLU) San Diego and Imperial Counties, Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Albergue Manos Extendidas a los Necesitados, AC; Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM); Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las DIGNAS); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Asociación Mexicana pro Naciones Unidas, AC; Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, AC; Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Caridad Sin Fronteras, AC; Catholic Relief Services; Casa Refugiados, AC; Centro Bonó; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Coordinación de Migración (BUAP); Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante Casa Nicolás; CEMAC, AC; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Atención al Migrante (EXODUS); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo); Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM); Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI); Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras; Colectivo Transnacional Codetzio; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Colectivo Vía Clandestina; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (CODEHUTAB); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso; CONVIHIVE, AC; Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA); Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); El Diamante de Fuego, AC; El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Es por los Niños, AC; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, AC (EMGM); Estudios Fronetrizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM; Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Foro Migraciones (FM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Fundación Isidro Fabela, AC; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC (FJEDD); Fundación Cambia la Historia; Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Global Workers Justice Alliance (GWJA), Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM); Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Identidad Migrante Derechos Humanos; Help for Progress, Immigrant Initiative; Inclusión y Equidad, AC; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC; Iniciativa Frontera Norte de México; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Inicicativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC (Incide Social); Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC (INEDIM); Instituto de Investigaciones Económicas – UNAM; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Jose Pablo Rovalo Azcué; Instituto Madre Assunta; Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Salvadoreño del Migrante; Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Irapuato Vive, AC; Jinaco Juventudes Indígenas; Jornaleros Safe; Manos extendidas a los necesitados, AC; Mesa Transfronteriza de Género y Migración (MTGM); Mexicanos y Americanos Todos Trabajando, AC (MATT); Migración y Desarrollo, AC; Migrantes LBGT; Migrantólogos; Nosotras Somos tu Voz; Organización Binacional Aztlán; Por la Superación de la Mujer, AC; Red Bajío en Apoyo al Migrante; Por un Chihuahua Libre y Sin temor; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, AC (PRECADEM); Red de Mujeres del Bajío, AC; Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF); Red de Desarrollo Sustentable; Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicarguense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM); Ririki Intervención Social, SC; Servicio Jesuita Migrante (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Una mano amiga en la lucha contra el SIDA, AC; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Universidad de Guadalajara (UdeG); Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana (PRAMI-UIA, Cd. México); Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana, Puebla (PRAMI-UIA, Puebla); Un Mundo una Nación; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM); y, Washington Office on Latin America (WOLA).

Fonte: Fundar – Centro de Análisis e Investigación

 

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