Sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas demandan el respeto de derechos humanos ante proceso de revisión de salvaguardas del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un actor clave   en América Latina y el Caribe, pues apoya proyectos y reformas estructurales en sectores estratégicos  de la economía. Además, impulsa procesos de reforma y modernización de los Estados, las cuales vienen generando normas y políticas que han debilitado los avances jurídicos y las garantías de protección de los derechos sociales, territoriales, ambientales, los derechos laborales y los derechos de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y de las personas con discapacidad.

En diciembre de 2019, el BID presentó el documento de borrador de la nueva política de salvaguardas socioambientales para evitar y mitigar los impactos negativos de los proyectos que financia. A la par se inició un proceso de consultas públicas sobre dicha propuesta, el cual no ha contado con condiciones adecuadas para la participación efectiva de las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad en las distintas regiones donde se están realizando estas consultas, como Panamá, Perú, Argentina y Jamaica. Cabe destacar que dado el número de proyectos que financia el Banco en la región y el alto impacto a nivel marcroregional de los mismos, consideramos que la cantidad de consultas programadas es limitada.

Nos preocupa que las normas de carácter ambiental presentan propuestas para la conservación, recursos naturales y efectos sobre la salud humana, pero estas disposiciones podrían resultar inútiles debido a las permisibilidades y falta de seguimiento por parte del BID en caso de que el prestatario, es decir el Estado, no cumpla con lo exigido. Las disposiciones en cuanto  a los derechos laborales, personas afrodescendientes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas, y personas con discapacidad son insuficientes para garantizar que los Estados de la región mejoren sus políticas en dichos aspectos, se fundamenta en el recorte de sus derechos fundamentales. 

Por ello, las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y personas con discapacidad  abajo firmantes expresamos nuestro desacuerdo con este proceso y el contenido, ya que no cumplen con el objetivo y naturaleza de las salvaguardas, y tampoco asegura su adecuada implementación y cumplimiento, por ello demandamos:

1. Es necesario que se presenten procedimientos claros para implementar las salvaguardas, pues como se plantea actualmente, quedaría a la discreción del Banco y del prestatario la forma y el momento de cómo deben ser cumplidas, lo que las vuelve solo declarativas, y no aseguran un real compromiso por ambas partes.
2. Asegurar el fortalecimiento de las unidades de seguimiento de las salvaguardas del BID, así como la promoción e implementación en las agencias del Estado, de manera que se cuente con un equipo robusto para asegurar que los prestatarios cumplan con sus obligaciones.
3. Se deben fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas durante la implementación de los proyectos y anticorrupción para el efectivo cumplimiento de las salvaguardas e impedir que el prestatario se autorregule en cuanto a su cumplimiento, sin estos candados se generaría un riesgo de malversación de fondos, conflicto de interés y permisibilidad en las acciones, pues permitiría que sea juez y parte de sus obligaciones.
4. Establecer sanciones en cuanto al incumplimiento de los requerimientos exigidos por el BID, pues tras la lectura integral del documento encontramos que las salvaguardas no detallan cuáles serán las medidas en caso de que el prestatario no cumpla con sus obligaciones. Y en la misma línea, que el Banco asuma la responsabilidad de daños causados por los proyectos que financia y reparación a las comunidades afectadas.

1. Fortalecer el mecanismo de queja del Banco como es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) y articularlo con la labor de las instituciones que cumplen el rol de resolución de conflictos en la región, de manera que se atiendan oportunamente las demandas sociales en contextos de implementación de los proyectos de inversión de la banca.
   1. Generar espacios de diálogo y seguimiento sobre aquellos préstamos y acuerdos de cooperación dirigidos a la implementación y/o cambios de políticas, pues estas han sido una forma de debilitar el manejo y la gobernanza territorial,  la gestión socioambiental, recortar derechos laborales y desproteger a las poblaciones vulnerables (afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, entre otros) e incrementar el riesgo en la pérdida de la biodiversidad.
   2. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información en la generación e implementación de proyectos, incluyendo enfoques sobre derechos humanos, interculturalidad y principios del Acuerdo de Escazú.
   3. Incluir protocolos de relacionamiento en base a criterios como el uso de lenguas originarias, reconocimiento e identificación de grupos étnicos, como las personas afrodescendientes, derechos humanos e interculturalidad.
   4. Incluir el enfoque de género, así como mecanismos diferenciados e inclusivos dirigidos a las personas con discapacidad, de manera que permita su adecuada participación y acceso a los servicios generados por los proyectos y acciones financiadas por el BID.
   5. Incluir el marco legal internacional de los derechos de los pueblos indígenas y grupos étnicos, y otros (Convenio 169 de  la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas) de manera expresa y conforme a los principios y lineamientos que  disponen los mismos.
   6. Incluir el marco legal internacional de los derechos de personas con discapacidad mediante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
   7. Es necesario que el documento del BID haga claridad que en el caso de los pueblos indígenas la consulta y el consentimiento previo, libre e informado son derechos fundamentales, no solo es un procedimiento. Asimismo es deber de los Estados, del BID y de las empresas garantizar el derecho.
   8. Fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, promoviendo la intangibilidad de los territorios y las zonas de influencia de estos pueblos, reconociendo los marcos legales internacionales, y garantizando la exclusión de estos territorios en los proyectos, planes y políticas financiados por el BID.
   9. Evitar préstamos en zonas convulsionadas por conflictos, como narcotráfico o lavado de activos, ya que se agudizan situaciones de poder, que pondrían al BID en una situación cuestionable.

    

   Es importante que en el nuevo marco de políticas sociales y ambientales del BID no se retroceda en los avances que tiene su política actual. El BID debe contribuir a  fortalecer los mecanismos y medidas de protección de los recursos naturales y de los derechos y políticas sociales, garantías a los pueblos indígenas, a los derechos laborales y de las personas vulnerables.

   Por ello, exigimos que se incluyan nuestros pedidos, ya que los consideramos como un mínimo para lograr que las salvaguardas cumplan su objetivo de “transformar a América Latina y el Caribe en una sociedad más incluyente y próspera se asienta en la relación intrínseca entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental y social”. Asimismo, prevenir, mitigar los impactos socioambientales de aquellas actividades y proyectos financiados por el BID, superando las deficiencias y vacíos que acontecen actualmente y que son causa de malas prácticas en la gestión socioambiental de los proyectos y el irrespeto de los derechos humanos, ni otros convenios internacionales firmados por los países latinoamericanos.

   Lima, 3 de marzo de 2020.

   FIRMAN:

   1. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)
   2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor (Perú)
   3. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP, Perú)
   4. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
   5. Asociación Luchando Contra Viento y Marea (Perú)
   6. Asociación Nacional de Centros (ANC, Perú)
   7. Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual (Perú)
   8. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre (Bolivia)
   9. Bank Information Center (BIC)
   10. Casa de la Mujer (Bolivia)
   11. Centro de Capacitación y promoción de la Democracia (CECADE, El Salvador)
   12. Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL, Perú)
   13. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, Bolivia)
   14. Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
   15. Comunidades Unidas (Colombia)
   16. Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, Perú)
   17. Conselho Latinoamericano de Organizações com Serviços em AIDS (LACCASO, Brasil)
   18. CooperAcción (Perú)
   19. Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
   20. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
   21. Environmental Investigation Agency (EIA) / Agencia de Investigación Ambiental
   22. Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE, República Dominicana)
   23. Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH, Honduras)
   24. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina)
   25. Fundación Cambio Democrático (Argentina)
   26. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista (Paraguay)
   27. Fundación Construir (Bolivia)
   28. Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador)
   29. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps, Argentina)
   30. Fundación Terram (Chile)
   31. GESTOS– Soropositividade, Comunicação e Gênero (Brasil)
   32. Grupo de Trabajo de Infraestructura
   33. ILLA Centro de Educación y Comunicación (Perú)
   34. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA, República Dominicana)
   35. Instituto del Bien Común (IBC, Perú)
   36. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS, Perú)
   37. Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc, Brasil)
   38. Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé, Brasil)
   39. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA, Colombia)
   40. International Accountability Project (IAP)
   41. International Rivers
   42. Latin America and the Caribbean Engagement Mechanism (LACEMOS)
   43. Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)
   44. Movimiento Ríos Vivos (Colombia)
   45. Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD, República Dominicana)
   46. Procesos de Comunidades Negras (Colombia)
   47. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, México)
   48. Reacción Climática (Bolivia)
   49. Rede de Cooperação Amazônica (RCA, Brasil)
   50. Red por una Globalización con Equidad (RedGE, Perú)
   51. Sociedad y Discapacidad (Sodis, Perú)