Una vez más Bolivia continúa en emergência por los incendios forestales que a la fecha ya han afectado a mas de 2 millones de hectáreas según estimaciones preliminares, y es que, em algunas regiones como el Gran Chaco y parte de la Chiquitania, se está atravesando una sequía como hace muchos años no se veía; situación que sin duda incrementa de manera exponencial el riesgo de incendios de magnitud. El Tribunal internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia, la primera de su tipo que se pronuncia especificamente resolviendo que los incendios ocurridos durante el 2019 en nuestro país, se constituyen em ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio. La sentencia del TIDN también se refirió a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad como el Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y que vive en la región fronteriza entre Paraguay y Bolivia. Sin embargo, este fallo emitido por um tribunal de tal prestigio parece no ser suficiente para cambiar el curso de nuestra recurrente realidad.
El desastre ambiental ocurrido el pasado año fue tan grave que las consecuencias negativas para la vida en su conjunto seguirán evidenciándose a lo largo de las próximas décadas, con uma directa afectación hacia las comunidades más vulnerables, entre ellas, los pueblos indígenas que habitan la región. Si bien el calentamiento global y el cambio climático es mas que evidente en nuestra región, definitivamente no es la causa principal de esta tragedia que año a año tenemos que sufrir em países como Bolivia, la mayoría de los incêndios en esta región se inician por cuenta del hombre y la causa de su expansión es por la deforestación, la cual ha disminuido la capacidad de la selva para regular y retener los GEI (Gases de Efecto Invernadero), pues es el dosel de las copas de los árboles lo que permite retener la humedad a nivel del suelo y, con ello, dificultar la extensiòn e incremento del fuego.La gran preocupación de muchos es querer saber cuál es el daño económico causado a nuestro país y sin duda es una preocupación muy válida desde una visión economicista clásica, sin embargo no es nada fácil tratar de ponerle precio a la vida de los animales y plantas que fueron calcinados por el fuego y mucho menos aún, a los servicios ecosistémicos y funciones ambientales, como regulación del clima, polinización, captación y almacenamiento de agua y control de plagas, entre otros; que estos millones de hectáreas están dejando de generar para el beneficio de todos.
El futuro no augura nada bueno, varios modelos climáticos globales están advirtiendo que eventos extremos tendrán cada vez ciclos más cortos con la consiguiente afectación; y es que resolver el dilema de nuestro modelo de producción actual, basado en la roza, tumba y quema de los bosques, no es nada fácil, requerirá de um esfuerzo global para cambiar nuestros hábitos de consumo.
Nuestros bosques claman por que se les dé um respiro, es urgente pensar en que se debería implementar una “Pausa Ecológica” o la figura legal que se le quiera dar, de al menos unos 5 años con una protección estricta a los bosques que fueron afectados; este tiempo servirá para que ecosistemas frágiles y de gran importância por su biodiversidad y funciones que generan, empiecen si quiera su largo proceso de regeneración.
Es de imperante necesidad que acordemos um pacto social que nos permita de una vez por todas dejar de quemar nuestra riqueza natural, un acuerdo a nivel de país que además vaya acompañado de mecanismos de incentivo para evitar las quemas, pero también de legislación clara que sancione de manera contundente a quienes, en el futuro, sean los responsables de nuevas quemas de desemboquen en los consabidos incendios forestales.
