La construcción de dos plantas hidroeléctricas en la Amazonia brasileña, consideradas clave para el abastecimiento energético del país, amenaza a comunidades indígenas que no han tenido contacto con los blancos, advirtió el miércoles una coalición de grupos de derechos humanos.
La plataforma Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DhESCA) dijo en un informe presentado ante legisladores brasileños que las dos represas sobre el río Madeira, en la Amazonia, se hizo sin consultar a las poblaciones aledañas y sin investigar el impacto sobre comunidades indígenas aisladas.
La activista Marijane Lisboa, autora del informe, advirtió que la constitución brasileña exige que se consulte a las comunidades antes de emprender proyectos de esta naturaleza, lo cual no se hizo.
“Tenemos pueblos indígenas en la región que nuestra legislación nacional e internacional exige que sean consultados y que den su consentimiento”, dijo la investigadora a la AP poco antes de presentar el documento a los legisladores en la sede del Congreso. “Eso no se ha hecho”.
Señaló, además, que existen indicios claros de la existencia de comunidades indígenas aisladas que no han tenido contacto con blancos, y la legislación local exige protegerlos.
“La constitución brasileña establece que no puede haber obras que los amenaza (a los indígenas aislados), la única política adecuada para ellos es protegerlos de cualquier contacto con no indígenas, de lo contrario serán diezmados”, explicó.
Las plantas hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau fueron licitadas y están en proceso de obtención de licencias para comenzar su construcción.
La primera de ellas recibió el lunes la licencia ambiental, con una serie de condiciones para asegurar la protección del entorno.
La planta de Santo Antonio tendrá una capacidad instalada de 3.150 megavatios, mientras que la de Jirau tendrá una capacidad de 3.300 megavatios, y se les considera decisivas para el futuro abastecimiento eléctrico de Brasil. Ambas deberán entrar en operaciones en los próximos cinco años.
Lisboa se quejó de que el proceso de licitación y licenciamiento de las represas se hizo en forma precipitada, son considerar adecuadamente el impacto social y ambiental que tendrán en una zona sensible.
