Autoria: Tierra Viva/Agencia de Noticias
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y OIKOS Red Ambiental ingresaron el pasado viernes un pedido de acceso a la información pública ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La solicitud apunta a conocer qué intervención tuvo o ha tenido la cartera que conduce Juan Cabandié en el actual proceso de conformación de los pliegos para la licitación de la ampliación, dragado y profundización de la denominada Hidrovía en el río Paraná.
“Como será de conocimiento del señor ministro y su equipo, la historia del proceso social y político del proyecto en pleno desarrollo recibió serias objeciones y denuncias de todo tipo, sociales como judiciales, y particularmente de los órganos de control del propio Estado Nacional (Defensor del Pueblo, SIGEN, Oficina Anticorrupción, Auditoría General de la Nación)”, señala la presentación firmada por ambas organizaciones.
Asimismo, manifiestan que “la ausencia del Ministerio, ex Secretaría de Ambiente, previo a su responsabilidad, en el proceso Hidrovía Paraguay Paraná, ha sido grave y llamativa”. “Salvo honrosas excepciones, la negación y el silencio, fue lo constante”, advierten.
Para las organizaciones, la cartera que conduce Cabandié “logró sostener y sistematizar intervenciones en los procesos de diseño de los términos de referencia de las licitaciones producidas, sin tener en consideración las delicadas competencias del mismo, en todo lo relacionado a los humedales y sus ecosistemas asociados, ríos y las enormes sinergias existentes”.
“Los recientes hechos de mega incendios, en los sistemas insulares de los dos ríos que nos ocupan, sus canalizaciones, terraplanados, bajante del río así lo prueban”, argumentan.
Derecho a la información
La organización de abogados fundamentó su pedido en la Ley General del Ambiente, en la Ley Nacional sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Nacional.
También aluden al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Ese tratado internacional define protocolos para la protección del ambiente y la participación ciudadana. El 24 de septiembre pasado, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar su vinculación a este acuerdo regional.
“Como puede observarse del análisis de la legislación mencionada, el ciudadano goza del derecho al acceso a la información que compromete el medio ambiente y su calidad de vida, y debe garantizarse la posibilidad de que participe y controle las decisiones que se toman al respecto”, indican los abogados firmantes.
“Todo ello fundamenta que la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas y apreciar las previstas tanto para el largo como para el mediano plazo”, sostienen.
“La falta de información atenta contra cualquier posibilidad de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que el acceso oportuno a la información pública es indispensable para la participación ciudadana, derecho fundado en uno de los pilares del sistema republicano de gobierno que es el de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración”, fundamentan.
El pedido
En concreto, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y OIKOS Red Ambiental reclaman:
1. Se sirva informar sobre si el Ministerio de Ambiente venía sosteniendo reuniones de trabajo o manteniendo espacios sinérgicos con el Ministerio de Transporte de la Nación a los efectos de coordinar y acordar estudios de impacto ambiental en función de los diversos proyectos vinculados a los objetivos del Decreto Nacional 949 ya identificado y previo a su dictado, como así mismo la modalidad a seguir para la evaluación de los mismos.
2. En igual sentido, si existe un equipo interdisciplinario o transdisciplinario a los efectos de trabajar en la estructuración y contenidos de los Pliegos Licitatorios expuestos en el Decreto 949 a los efectos de considerar, prever, evaluar, y anticipar el conjunto más amplio e inclusivo de potenciales impactos socio-ambientales, como acumulativos en función de los objetivos metas de la Licitación en construcción o licitaciones, conforme cada tramo.
En esta inteligencia solicitamos se nos informe si el área responsable -dentro del Organigrama del nuevo Ministerio- de gestionar política y técnicamente el desarrollo o procesos EIA-EAE, es la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
3. Informe en caso de respuesta positiva, qué funcionarios y profesionales de carrera integran o conforman el equipo completo responsable del seguimiento y participación en el presente proceso de los Términos de Referencia, previo a la o las licitaciones aquí señaladas, en particular los representantes profesionales y políticos del Ministerio a su cargo.
4. En razón de ser los recursos naturales del dominio público de las Provincias, solicitamos se nos informe cómo se prevé la participación de las áreas ambientales competentes Provinciales y Municipales, a los mismos efectos preventivos y precautorios aquí señalados precedentemente y en la etapa previa al armado y desarrollo de los Términos de Referencia y estudios a desarrollar en razón de los principios ambientales sustantivos ya enunciados, más todos los que conforman las bases liminares del derecho ambiental constitucional Argentino.
5. Toda otra información sobre la materia que Ud. considere relevante.
A licitación
El pasado 28 de agosto, se firmó en Santa Fe la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, que implicaba la generación de una nueva empresa estatal con un 51% de participación por parte del Estado Nacional y un 49% divido en siete provincias (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) para controlar los procesos de licitación y llevar adelante obras complementarias y accesorias a la hidrovía.
Sin embargo, en noviembre, el Decreto Nacional 949/2020 -que delegaba en el Ministerio de Transporte las tareas de licitación- despertó alertas sobre la posibilidad de nuevas concesiones a empresas privadas de la vía fluvial. Incluso dentro del frente político del gobierno nacional hubo resquemores: Jorge Taiana presentó en el Senado un pedido de informes sobre la concesión de la hidrovía.
“Todos se agarran de un decreto donde yo he delegado en el Ministerio la tarea de llevar adelante la licitación. Yo quiero aclarar que el presidente de la Nación no hace ninguna licitación, ninguna. Los presidentes no participamos en la realización de licitaciones”, dijo en los últimos días Alberto Fernández a Página/12. “Lo que sí está claro es que hay una decisión política y es que la hidrovía se licite y se haga una nueva concesión. Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe”, afirmó el presidente.
La nueva licitación en gestación se proyecta “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el km 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la zona denominada de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del km 239,1 del Canal Punta Indio”, conforme el decreto presidencial.
Foto de Capa: (Tierra Viva/Agencia de Noticias).
