Por Jorge Daneri (*). El pueblo de Gualeguaychú como colectivo social dinámico, coherente, como en una sinergia institucional-social, va explorando lo que Ezio Manzini conceptualiza como el deber ser de una «transición democrática hacia una sociedad sustentable» o mejor, sostenible en su territorio y cuenca de los pájaros.
Es un pueblo que no solo dice No, construye los Sí, modela y ejecuta políticas hacia la sostenibilidad en sus tres dimensiones, ecológica, social y económica. Es el resultado del abrazo de discursos sociales que se transformó en política partidaria en la gestión pública y así atravesó el frente de gobierno local. Los ejemplos son variados.
El reciente y ratificatorio Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Amarras, es un punto de inflexión y un enorme llamado de atención a la otra política, la más fuerte, la vigente aún en escenarios institucionales mayores, la Provincia y el Estado Nacional.
Es un punto de inflexión porque los principios «In dubio pro Agua», » In dubio pro Natura» son aplicables en todo el entramado nacional. Frente a la duda, a favor, en beneficio, siempre primero la protección del agua y la naturaleza.
Estos principios jurídicos lo deben cumplir y aplicar los Capitanich, Morales, Arcioni, Suarez, Bordet, hasta los Fernández. No es aleatoria la elección de estos gobernadores. En los territorios provinciales de Chaco, Jujuy, Chubut, Mendoza, como Entre Ríos, se debaten quizás, los mayores conflictos socioambientales como la salida de los mismos con propuestas alternativas o de evolución positiva, iniciativas que se vienen construyendo desde los movimientos socioambientales como ahora lo está llevando adelante el ejemplo social y político de Gualeguaychú.
Gualeguaychú se planta frente al mundo de más de lo mismo, poniendo en crisis la gestión de cuenca del río Uruguay frente al modelo simplificador y destructor del monocultivo para la producción de celulosa.
Gualeguaychú se planta frente al proyecto inmobiliario Amarras, al gobierno Provincial que en la gestión originaria del conflicto fue un papelón, como la primera Sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Se posiciona precisamente sobre una gestión de cuenca del río Gualeguaychú inexistente y una ausencia y silencio provincial, inconcebible.
¿De qué nos sirve el caso Amarras, el Fallo de la CSJN?
- Entre Ríos dispone de la ley de Línea de Ribera y riesgo hídrico, sin reglamentar.
- Entre Ríos dispone de la ley de Comités de cuencas, sin reglamentar.
- Entre Ríos dispone de tres leyes que declaran sus humedales como áreas naturales protegidas de usos múltiples (en la gran mayoría de su territorio menos el Departamento Gualeguay) sin reglamentar, se reitera, las tres. No es un dato menor, reflexionando sobre Gualeguaychú, que la Ley de ANP de los humedales de los departamentos Uruguay, Gualeguaychú e Ibicuy, es uno de los casos. Y es demasiado grave, porque desde allí va la mayoría de las arenas para su utilización vía Fracking en Vaca Muerta.
- Entre Ríos dispone de la constitución provincial más avanzada en términos de democracia ambiental, sin legislar.
El caso mayor y más grave en relación a este punto cuarto, es sobre la construcción, debate y sanción de una ley provincial de adaptación al cambio climático. La crisis climática atraviesa todo, absolutamente todo lo público y sus políticas. Si ahora, solo contemplando los ríos de la cuenca no se comprende y actúa, no será la corrupción el mayor drama argentino, será esta falta de visión política que así se vuelve suicida, producto de la contaminación en la templanza y el alma consciente de los decisores que se rinden o venden a los intereses del mega extractivismo funcional a las corporaciones del agronegocio, la mega minería y la simplificación y sinrazón productivista.
Recientemente se han brindado dos documentos públicos relevantes que acompañan y consolidan la visión de cuenca en la gestión de las políticas públicas: Una declaración de los Defensorías del Pueblo de las Provincias ribereñas del río Paraná y sus capitales, impulsando la conformación de un comité de cuenca en el tramo argentino del río Paraná y una iniciativa legislativa de la Diputada Nacional Blanca Osuna, creando una Comisión Administradora del río Paraná, en su sector Medio e Inferior dentro del territorio Nacional, propuesta, más allá de las denominaciones, auspiciosa, atento se lo viene solicitando desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y todas las organizaciones ecologistas y sociales que así adhirieron y acompañan esta «idea y principio jurídico» desde hace años y muy particularmente frente a la crisis ambiental hoy existente en la cuenca del Plata, que más aún lo fundamenta como inapelable, dramáticamente.
La Corte Suprema de Justicia Argentina, como las Defensorías del Pueblo, llevan la delantera en el modo de aplicar y ejercer los derechos constitucionales y ambientales de protección de la diversidad cultural y biológica de nuestro País. No sabemos, más allá de Gualeguaychú, si la política se pondrá, urgentemente, a la altura de la gravedad de las circunstancias de esta crisis civilizatoria. El proyecto de Blanca Osuna como el ejemplo de Gualeguaychú, son una esperanza, entre otras muy a escala humana en el país todo.
En este día –9 de agosto de 2021– conoceremos el informe científico del comité de expertos de la convención de Cambio Climático. Que su lectura con cabeza transparente y abierta, pueda cambiar radicalmente la tendencia política y social de más de lo mismo y la esperanza de transiciones democráticas, justas y pacíficas hacia sociedades sostenibles, puedan florecer desde las aguas.
(*) Jorge Daneri. Abogado ambientalista. Integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) Fundación La Hendija, Paraná.
